República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de prensa 30 de agosto de 2011
EL TIEMPO
ÚLTIMOS RETOQUES AL MINISTERIO DEL TRABAJO
El Gobierno le está dando las puntadas finales a la creación del Ministerio del Trabajo, que nacerá de la división de la cartera de la Protección Social, que actualmente atiende los complejos temas laborales y de la salud.
El titular de ese despacho, Mauricio Santa María, aseguró que están trabajando en los ajustes finales para la escisión del Ministerio (de la Protección Social), "que está prácticamente lista".
El presidente, Juan Manuel Santos, se comprometió a revivir ese Ministerio, fusionado con el de Salud en el 2002 como parte del programa para reducir el tamaño del Estado del entonces mandatario Álvaro Uribe.
La concreción rápida de ese compromiso ha sido pedida por dirigentes sindicales, entre estos el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, ya que, dijo, es necesario diseñar y desarrollar política laboral, política de empleo y política de seguridad social.
El directivo se ha mostrado partidario de que los temas pensional y de riesgos profesionales estén en cabeza del nuevo Ministerio; al parecer, solo este último tendría cabida en cuanto al diseño de la política y su vigilancia financiera correría por cuenta de la Superintendencia del ramo.
A mediados de junio, Santa María indicó que en agosto, a punto de terminar, el país tendría el Ministerio de Trabajo.
SANTOS DICE QUE EL GOBIERNO NO QUIERE DEBILITAR AL CONSEJO DE ESTADO
El mandatario le respondió al magistrado Mauricio Fajardo, presidente del alto tribunal.
Durante la apertura del Congreso Iberoamericano sobre Derecho Electoral, que se realiza en Bogotá, Fajardo le pidió al Gobierno reconsiderar los términos de la "iniciativa" que apunta a "debilitar" el Consejo de Estado.
Aunque no la mencionó puntualmente, la afirmación del magistrado se entendió como una referencia a la reforma de la Justicia, proyecto que cuyas discusiones ya se iniciaron en el Congreso.
Al iniciar su intervención, Santos le respondió al presidente del alto tribunal, afirmando que "el Gobierno, de ninguna forma, está queriendo debilitar al Consejo de Estado".
Agregó que, por el contrario, lo que se busca con esta reforma constitucional es fortalecer la "autonomía del Poder Judicial".
Santos dice que no tiene candidatos propios para elecciones de octubre
Desde el Congreso sobre Derecho Electoral, el Jefe de Estado también les salió al paso a las versiones de quienes lo acusaron de intervenir en política.
"El Gobierno no tiene candidatos. Se ha insinuado que el Presidente está interviniendo en política", dijo el mandatario.
"Mi único candidato es la libertad, la transparencia en el sufragio y los principios del Buen Gobierno", agregó.
A raíz de las denuncias que hizo sobre hechos oscuros en materia electoral en Cali, algunos sectores políticos acusaron al mandatario de intervención en política.
La aclaración de irregularidades en temas como el conteo de firmas permitió que, por ejemplo, el candidato Rodrigo Guerrero inscribiera su aspiración a la Alcaldía del Valle.
También hubo denuncias sobre sobornos y sobre la existencia de bases de datos de votantes 'fantasma'. Santos dijo que las investigaciones sobre dichos hechos avanzan "por buen camino" e irán "hasta las últimas consecuencias".
"Lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber: recibimos la información e hicimos las denuncias", destacó Santos, quien aplaudió la "reacción oportuna" de las autoridades electorales.
Santos también llamó a los ciudadanos a "votar bien" y a la no abstención.
CORTE REITERA PETICIÓN A PROCURADURÍA PARA CUMPLIR FALLO SOBRE ABORTO
Llamado es también para la Defensoría y los ministerios de Educación y Protección Social.
La Corte Constitucional reiteró la orden a la Procuraduría que debe cumplir de forma inmediata con lo dispuesto en la sentencia sobre el aborto.
El organismo de control deberá poner a operar campañas educativas hacia las mujeres sobre sus derechos sexuales y tendrá que ejercer vigilancia para que las otras entidades cumplan con lo dispuesto en la sentencia.
El pronunciamiento lo hizo al divulgar los resultados de un seguimiento a las entidades que deben cumplir la sentencia que despenaliza el aborto en tres casos: malformación del feto, cuando esté en peligro la vida de la madre y cuando el embarazo sea producto de una violación.
La Corte Constitucional también le llamó la atención a la Defensoría del Pueblo y a los ministerios de Educación y de la Protección Social.
Según el alto tribunal, estas entidades no han cumplido con lo ordenado la sentencia y no han puesto en marcha campañas en las que se informe en qué casos las mujeres pueden abortar.
EL ESPECTADOR
SANTOS Y CONSEJO DE ESTADO MANTIENEN DIFERENCIAS POR REFORMA A LA JUSTICIA
En un acto público el magistrado Mauricio Fajardo le reclamó al Gobierno que la reforma los debilita, a lo cual, el presidente desmintió esa idea.
Las diferencias entre el Gobierno Nacional y el Consejo de Estado por la reforma a la justicia se hicieron más evidentes este martes.
En un acto público en la biblioteca Luis Ángel Arango donde se desarrolla el Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, pidió al Gobierno replantear varios puntos del acto legislativo, que a juicio del tribunal, perjudicarían a esa Alta Corte.
Para Fajardo, la reforma apunta "a debilitar al Consejo de Estado en cuanto se nos someta o subordine a otras instituciones puesto que con ello se desconocería la historia".
"El proyecto obligaría al país a regresar sus pasos varios siglos en el tiempo y de la misma manera se afectaría la estructura y el funcionamiento que el constituyente del 91 diseñó para la rama judicial", aseguró.
El Consejo de Estado considera que la autonomía de la rama judicial también se vería afectada por la reforma.
De inmediato, apenas cuando iniciaban los saludos protocolarios en su discurso, el presidente Juan Manuel Santos le respondió al magistrado Fajardo.
Santos desmintió que se quiere ingerir en la autonomía de la justicia, a través del acto legislativo.
"No se trata de debilitar al Consejo de Estado sino fortalecer la autonomía del poder judicial", recalcó el Jefe de Estado.
El Congreso adelanta un completo proceso de revisión de la reforma a la justicia. Actualmente, hay tres proyectos por debatir.
PONENCIA FAVORABLE PARA CREAR NUEVA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS
Esa iniciativa surgió a raíz del pleito que mantiene el Distrito con Fedemunicipios, quien reclama más de $80 mil millones por multas de tránsito.
El concejal Liberal Armando Gutiérrez presentó ponencia positiva al proyecto de acuerdo que busca autorizar a la alcaldesa Mayor de Bogotá para que promueva, concurra y participe en la conformación de una Asociación Colombiana de Municipios y Distritos.
“La normatividad le otorga a las Asociaciones de Municipios relevantes funciones que han surgido en torno a necesidades identificadas por sus autoridades y comunidades, pero que ellas no han tenido mayores desarrollos prácticos porque no se ha valorado el poder de esta figura como dinamizadora del desarrollo. Bogotá requiere hacer parte de una organización que genere oportunidad de diversificar y enriquecer sus costumbres, que promocione el desarrollo científico y tecnológico, que modernice su economía y amplíe y mejore la calidad de sus bienes y servicios para su desarrollo pleno y el bienestar común", afirmó Gutiérrez.
El cabildante considera que hay que apoyar esta iniciativa como un proceso típico del siglo XXI, “una estrategia que va acorde con la tendencia actual del Estado Contemporáneo que busca el fortalecimiento de las regiones para facilitar el cumplimento de sus fines esenciales. Esta iniciativa constituye el mecanismo idóneo para superar en conjunto las debilidades que individualmente los Municipios no pueden lograr”.
La Administración Distrital presentó a consideración del Concejo de Bogotá este proyecto a raíz del pleito que mantiene el Distrito con Fedemunicipios, quien reclama más de 80 mil millones de pesos por las multas de tránsito que han sido canceladas en la ciudad.
El secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Yuri Chillán, ha dicho que la creación de esa asociación busca defender los intereses de todos los municipios.
La Administración confía que ciudades como Barranquilla y Cartagena que han acompañado este proceso se vinculen. En mayo de 2009 las alcaldías de Medellín, Cali y Barranquilla expresaron su inconformismo por la obligación que tienen con la Federación Colombiana de Municipios de pagarle el 10% de cada multa de tránsito.
La polémica se desató por el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a favor de Fedemunicipios que obliga a Bogotá a pagar unos 80 mil millones de pesos por el recaudo del 10% de cada comparendo; las Secretarías de Hacienda de esas ciudades dijeron en ese entonces no estar de acuerdo con el Sistema Integrado de Información sobre multas de Tránsito (Simit) de esa dependencia.
Bogotá, desde abril de 2009, se retiró de Fedemunicipios. Chillan, quien lidera el proyecto ha dicho que esa agremiación “ha perdido su norte y se ha dedicado a hacer negocios y no a beneficiar a los municipios colombianos”.
LA VIOLACIÓN, ¿UN DELITO CONTRA LOS HOMBRES?
Por: Paloma Valencia Laserna
Toño, un indígena Páez de Caldoso-Cauca violaba a sus tres hijas de 7, 9 y 14 años, además violó a sus dos cuñadas; su condena: cinco años de trabajos comunitarios por la justicia del resguardo La Merced.
Las indígenas de la zona han protestado enérgicamente por un fallo que consideran injusto y han pedido la intervención de la justicia ordinaria. El caso de Toño pone de presente las limitaciones que presenta esa jurisdicción paralela.
La violacion de menores es un delito que corroe toda la estructura social; su gravedad no requiere explicaciones adicionales. El caso de Toño, además rompe tabúes fundacionales, como la prohibición del incesto. No conocemos las razones que llevaron a las autoridades indígenas a darle un castigo simbólico sin contenido real, salvo el comentario de un periódico en el sentido de que los espíritus dijeron que Toño tenía remedio y no era un peligro para la sociedad. Aquello contrasta con la reacción femenina. Que sean las mujeres quienes piden justicia puede ser un indicativo de como está siendo valorada la agresión. En las culturas primigenias de la humanidad la violación era una afrenta contra el hombre.
El padre o el esposo era entendido como dueño de la mujer, y en esa medida las sanciones intentaban repararlo; sumas de dinero que el padre de una virgen recibía, la obligación de contraer matrimonio con la dama afrentada, incluso sanciones contra la mujer víctima, pues se entendía como descuido de su parte. Todo esto fue dando cabida a que se diferenciara la sanción según el tipo de mujer (dando penas irrisorias a la violación de mujeres en estado de prostitución) e incluso se excluyera la posibilidad de la violación dentro del matrimonio. Así las cosas, la única manera de interpretar el fallo del cabildo es analizando los hechos bajo esa perspectiva. Las víctimas son hijas del victimario, por eso no hay lesión social, pues el bien tutelado es la propiedad del hombre. En este caso Toño el padre es quien utiliza el bien y por lo tanto su propiedad no está lesionada. La violación de las cuñadas -que daña el bien de sus hermanos- circunscribe el hecho a un asunto familiar que puede ser resuelto de manera interna.
La petición de las mujeres obliga a que la jurisdicción indígena entre en conflicto con la ordinaria. La jurisdicción indígena consagrada en la Constitución de 1991 es una autoridad tradicional con vocación para ejercer la jurisdicción de acuerdo con las normas y procedimientos de la comunidad, en aquellos casos donde los sujetos -activos y pasivos- y el territorio en donde tuvo ocurrencia el hecho sean indígenas. Los usos y costumbres son aplicables "siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley". La Corte Constitucional ha precisado que la justicia indígena no puede violentar el “núcleo de derechos intangibles” que “incluiría solamente el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura”; para todo lo demás debe ser considerada autónoma. Se trata, por supuesto, de que la cosmovisión indígena sobreviva dentro del marco jurídico existente.
Ahora bien, eso no es simple. En este caso, están enfrentadas dos cosmovisiones. A pesar del respeto que merezca la diferencia, hay casos donde una debe ceder a la otra. No sólo porque se considere que una es moralmente más aceptable que la otra, sino porque en un solo país no deberían convivir sanciones tan disimiles. La "justicia" tiene tambien una connotación como trato igual a los iguales. No parece justo por ejemplo, que la comunidad Paez imponga pena de prisión (para lo cual la ley las habilita para hacer convenios con el INPEC), a un indígena que confesó cuatro homicidios y un intento de homicidio; y luego de asegurar su arrepentimiento el cabildo de Corinto le dio la libertad faltando 35 años para cumplir con su sentencia. Puede alegarse que un indígena homicida merece una pena similar a la de un ciudadano colombiano del común, pero al ver que es liberado a los 5 años queda un sinsabor en torno a si es que los homicidios de los indígenas tienen menos incidencia social.
El caso de Toño será uno de estos. El crimen merece cárcel. La prisión no será la novedad, pues según un concepto del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- los indígenas aplican penas de prisión para delitos considerados graves por su comunidad: homicidios múltiples, homicidios agravados con sevicia contra autoridades indígenas, infanticidio y violaciones sexuales. Se tratará entonces de que es comunidad de La Merced acepte que las violaciones de mujeres no son un delito contra los hombres; sino que afecta a la mujer como sujeto de derechos y afecta a la comunidad. Es la sociedad la que más se afecta y debe propender por defender la dignidad de los seres humanos, sin distingo de género.
REVISTA SEMANA
EL DE ARENAS, OTRO TESTIMONIO DE LOS 'ESLABONES PERDIDOS' DEL PALACIO DE JUSTICIA
La versión del “nuevo” testigo de los hechos del Palacio, no es la única. Un conductor, un magistrado y una estudiante sobrevivientes también denunciaron haber sido objeto de torturas.
A unos días de que el Tribunal Superior de Bogotá defina la suerte del coronel retirado Alfonso Plazas Vega por las desapariciones del Palacio de Justicia durante la toma, en 1985, un nuevo testigo fue mencionado en publicaciones de los diarios El Tiempo y El Espectador. Se trata del entonces consejero de Estado Jorge Valencia Arango, quien narró a la Comisión de la Verdad los vejámenes a los que fue sometido el conductor de su familia, Jaime Arenas.
Su testimonio estuvo guardado 22 años hasta que accedió a contárselo a la Comisión. El informe de la Comisión publicado en noviembre pasado recoge una historia escalofriante de cómo Arenas, primero permaneció en el baño junto a otros rehenes, después fue llevado al Cantón Norte en donde fue torturado y posteriormente liberado por la mediación del magistrado Valencia.
Sin embargo, un nuevo dato salió a flote este fin de semana: un anillo de oro que la familia de Valencia le regaló a Arenas fue su salvación. Arenas, según confirmó Valencia, le pidió a un soldado que llamara a la casa del entonces magistrado y le informara que él estaba ahí y a cambio del favor le dio el anillo. Valencia relató que tuvo que amenazar al estamento militar con convocar a una rueda de prensa si no soltaban al conductor de su familia.
El conductor llegó a su casa “muy golpeado, llorando, y les dijo que lo tenían allá desnudo y que lo estaban torturando y estaba desesperado porque oía gritos al lado, los tenían en un cobertizo donde guardan caballos, y que él oía gritos, lamentos y que de pronto oyó que gritaban Jaime Arenas y que le dijeron que se vistiera y se largara”, reza el informe.
Del conductor no se volvió a saber nada, pues según Valencia, fue amenazado.
Daniel Prado, abogado de las víctimas del Palacio de Justicia pidió a la Fiscalía que busque a Arenas para que amplíe su testimonio. En su criterio, “el informe de la Comisión de la Verdad hace parte del proceso y el juez podría tener en cuenta ese testimonio. La petición a la Fiscalía es que busque al señor Arenas”, dijo Prado a Semana.com.
Jaime Granados, defensor del coronel (r) Alfonso Plazas, por el contrario dijo que este no es el momento procesal para incluir nuevos testimonios, según informó El Tiempo. “Además, no existe ningún testigo directo contra mi defendido. Este es un acto desesperado porque saben que se les va a caer el proceso y que el único supuesto testigo (Villarreal) fue suplantado”.
Se refería al testimonio de Édgar Villamizar quien bajo juramento declaró haber sido testigo de una versión muy parecida a la de Arenas relató, pero cuya identificación está en entredicho tras la aparición de un hombre llamado Édgar Villamizar, quien dice que fue suplantado.
La defensa de Plazas y la propia Procuraduría han pedido que el testimonio del nuevo Villamizar sea incluido en el proceso, pero se enfrentan al mismo argumento que señaló Granados: no es el momento procesal para incluir nuevos testimonios.
Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo
Y es que el número de personas que han declarado después de vencido el miedo, o que no han podido hacerlo, o que se han negado a hacerlo, son muchas más. En entrevista con Semana.com, el magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, quien integró la Comisión de la Verdad, dijo: “es que pareciera que no han leído el informe con juicio y está lleno de información interesante”.
Y acto seguido mencionó la las historias de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo. Ellos eran en la época estudiantes de derecho que visitaban ocasionalmente el Palacio de Justicia. Los jóvenes fueron llevados a la Casa del Florero, zona reservada para los “rehenes especiales”.
“En este lugar fueron obligados a estar en cuclillas contra una pared, y fueron víctimas de abusos físicos y sicológicos”, dice el informe y luego cita las palabras de Santodomingo, quien también declaró ante la Fiscalía: “Todos llegaban y se sentían con derecho a patearme. Me decían ‘perra hp, guerrillera’. Todas las botas negras pegaban durísimo y se ensañaron con mi riñón derecho. Me preguntaban que en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada Dominicana, cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato con las monjas”.
La pareja de estudiantes después fue llevada al Batallón de Inteligencia Charry Solano, según el informe, donde se oían gritos. “Lo que están escuchando son personas que no han querido colaborar”, les decían.
Los jóvenes salieron luego de que los soldados se dieron cuenta de que Matson era sobrino del gobernador de Bolívar. Él, sin embargo, no ha querido declarar.
Otro conductor
Pero también hay un testimonio semejante al del conductor de Valencia. Se trata de Aristóbulo Rozo. El hizo parte del grupo de siete conductores de magistrados que fue llevado a la Casa del Florero. “Allí, dice el informe, un familiar suyo que pertenecía a la Policía intentó llevarlo a su casa, ‘pero un oficial del Ejército le dijo que no me podían llevar, que los tenían que llevar al Cantón Norte, porque allá nos iban a prestar primeros auxilios’”.
El testimonio da cuenta de que fueron conducidos en un carro con una cruz roja pintada al Cantón Norte. Al llegar, los hicieron bajar y, cuenta, “nos hicieron tender al piso y nos chuzaban, nos daban culatazos con fusiles y nos decían que dijéramos la verdad. ¿Cuál verdad?, nosotros somos conductores del Palacio de Justicia”.
Allá fueron retenidos hasta la tarde del 7 de noviembre. Según Rozo, su liberación, al igual que la de Arenas, se debió a la mediación de un magistrado, en este caso, a la de Jaime Betancur Cuartas.
Y un magistrado…
Pero hay más. El entonces magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda contó que fue llevado a la Casa del Florero por los militares en donde pidió ayuda médica. Él solicitó que lo trasladaran a la Caja Nacional de Previsión y no al Hospital Militar donde tenían previsto enviarlo.
En el trayecto estuvo acompañado de un soldado que le dijo que no podía hablar. Cuando le iban a tomar unas radiografías “llegaron tres tipos con ametralladora en mano, vestidos de civil, me iban a llevar a la camilla, y los médicos dijeron qué pasó, y dijeron este es un guerrillero”.
Pero gracias a la intervención del personal médico, que dijo conocerlo, pudo ser intervenido oportunamente. Después tuvo que salir del país pues siguió recibiendo amenazas.
Pájaro Peñaranda, en una sala de audiencias de la Comisión de la Verdad reconoció en 2008 que durante 23 años había guardado absoluto silencio. Con el pelo cano y tono pausado, en una declaración grabada por la comisión dijo “me importa un pepino que me crean o no, pero lo que he dicho siempre es la verdad histórica”.
“El médico me contó que un soldado entró a la sala y me quería llevar”, dijo en esa audiencia. “Por eso hablo aquí a nombre de los muertos porque claman justicia y hablo a nombre de los desaparecidos porque soy un cuasi desaparecido. Si me hubieran sacado de la sala de cirugía me estarían preguntando”, refirió entonces.
Su testimonio fue tenido en cuenta este año cuando declaró ante un fiscal de derechos humanos en la investigación por lo que le ocurrió al magistrado Carlos Horacio Urán, a quien según ha dicho, vio salir vivo del Palacio.
Las palabras de Pájaro Peñaranda declaradas entonces siguen dando vueltas: “A lo que más le teme el hombre es a la verdad. Las víctimas sabemos qué fue lo que ocurrió. La verdad se conoce, pero es bueno que la reconozcan los autores de los hechos criminales del Palacio de Justicia”.
JUSTICIA INTERNACIONAL TIENE ABIERTOS 50 PROCESOS CONTRA COLOMBIA: GOBIERNO
Ministerio de Relaciones Exteriores La canciller María Ángela Holguín, quien hizo un balance de su gestión, tendrá que referirse en el Congreso sobre la defensa internacional del Estado.
Las pretensiones de las demandas podrían elevarse a 100 millones de dólares. La canciller admite que si pasan a la Corte Interamericana de DD.HH., probablemente serán causas perdidas. Senado cuestiona la estrategia de defensa judicial del Estado.
El pasado 19 de agosto, en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pedía perdón público por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. Lo hacía, a nombre del Estado y en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Colombia por ese homicidio.
La de Manuel Cepeda Vargas fue la undécima condena contra el Estado colombiano desde 1994. Las cuales han supuesto a la Nación el pago de algo más de 24 millones de dólares (casi diez mil millones de pesos).
Quizás por esos antecedentes el Congreso le pidió explicaciones a la canciller María Ángela Holguín, encargada de dirigir la política de defensa internacional judicial del Estado, sobre la política del Gobierno para afrontar los procesos en la justicia internacional.
Más aún cuando en el sistema interamericano de derechos humanos hay 50 procesos formales y 134 demandas contra la Nación, tal como lo admite el propio Gobierno, a través de la canciller María Ángela Holguín.
Si todas ellas prosperaran, en el más pesimista de los escenarios, y pasaran a la Corte Interamericana de DD.HH., Colombia estaría expuesta a pagar indemnizaciones cercanas a los 400 millones de dólares, según el senador Manuel Virgüez (MIRA), citante del debate de control político que se adelantará este 30 de agosto en la Comisión Segunda del Senado.
Para Virgüez, la defensa del Estado colombiano es “débil y paupérrima”, al afirmar que todos los procesos conocidos por la Corte Interamer5icana han terminado en condena.
La canciller, en un extenso cuestionario conocido por Semana.com, y que revelará este martes en el Senado, admite no sólo la existencia de los 50 procesos formales contra Colombia, sino que “la forma como funciona el sistema, ni Colombia ni ningún Estado ha ganado un solo caso u obtenido fallo favorable ante la Corte Interamericana”.
En la respuesta al cuestionario, María Ángela Holguín también defiende la estrategia del Estado colombiano al señalar como “logros” el archivo de 25 procesos en contra que investigaba la Comisión Interamericana.
El senador Manuel Virgüez también le pedirá explicaciones al gobierno por la forma como se escoge a los abogados encargados de defender al Estado en las instancias internacionales. “No conocemos si la elección de esos funcionarios responde a la carrera diplomática o a qué criterios”, se pregunta.
Holguín explica en sus respuestas que el perfil de los defensores del Estado son exmagistrados de las altas cortes y exprocuradores, pero que detrás está el Grupo Operativo Interinstitucional, integrado por casi 30 funcionarios de los ministerios de Relaciones, Interior, Defensa, y del que hacen parte delegados de la fuerza pública y la Vicepresidencia. La canciller explica que las estrategias de defensa "no son improvisadas".
Durante el debate, Virgüez también pedirá explicaciones al gobierno por la reciente suscripción del convenio con la Corte Penal Internacional en el que Colombia se constituye en un país donde se pueden ejecutar las penas de ese tribunal internacional.
Según Virgüez, en ese convenio, Colombia también se convierte en donante del fondo de la Corte Penal Internacional (CPI) para resarcir y reparar a las víctimas. “ No nos han explicado cuánto le va a costar esa decisión al país, más aún cuando Colombia no ha superado el debate fiscal sobre la reparación de las víctimas del conflicto interno”.
Durante el debate, Virgüez también publicará un video del fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, en el que da a entender que Colombia podría tener varios procesos en ese tribunal por los casos de 'chuzadas' y 'falsos positivos'.
En ese video, el fiscal Moreno dice que la CPI no va a renunciar a los mandatos de Estatuto de Roma, que son investigar a quienes ejercieron el mando, control y liderazgo de conductas violatorias de los derechos humanos.
Según Virgüez, ese testimonio podría significar que así en la justicia colombiana haya condenas por los casos de las ‘chuzadas’ y los ‘falsos positivos’, la Nación no se libraría de que esos casos pasarán a ser conocimiento de esa jurisdicción.
CARACOL RADIO
LO QUE QUEREMOS ES FORTALECER LA AUTONOMÍA DE LA RAMA JUDICIAL:
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, le pidió al gobierno reconsiderar la propuesta para acabar con el Alto Tribunal por considerarlo nocivo para la rama.
Fajardo le pidió al presidente Juan Manuel Santo que no acabe al Consejo Superior.
Así mismo le pidió al jefe del Estado que con las determinaciones que vienen tomando no subordine a la justicia.
Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos negó que su gobierno quiera debilitar a la rama judicial y aseguró que la Reforma a la Justicia propuesta por el ejecutivo seguirá adelante.
"Todo lo contrario, lo que hemos querido y por eso lo hemos discutido tantas veces con su señoría y con las Cortes, es fortalecer a la Rama Judicial, a las instituciones y fortalecer la autonomía del poder judicial", respondió Santos a Fajardo.
El presidente del Consejo de Estado Mauricio Fajardo pidió al gobierno reconsiderar los la reforma a la justicia y evitar que con ella la rama termine debilitándose.
“Señor presidente de la Republica y señores ministros confiamos en que el gobierno reevaluará la iniciativa encaminada a debilitar al Consejo de Estado en cuanto se le someta y se subordine a otras instituciones puesto que con ello se desconocería la historia”, instó Fajardo.
Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos negó que su gobierno quiera debilitar a la rama judicial y aseguró que la Reforma a la Justicia propuesta por el ejecutivo seguirá adelante.
“Señor Presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo. Y aprovecho la oportunidad para decirle que el Gobierno de ninguna forma está queriendo debilitar al Consejo de Estado. Todo lo contrario, lo que hemos querido y por eso lo hemos discutido tantas veces con Su Señoría y con las Cortes, es fortalecer a la Justicia, fortalecer nuestras instituciones y fortalecer la autonomía del Poder Judicial. Esa es nuestra intención”, respondió Santos a Fajardo.
CMI LA NOTICIA
LA CORTE CONSTITUCIONAL EXIGE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA SOBRE EL ABORTO
La Corte Constitucional le hizo un llamado de atención a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los Ministerios de Protección Social y de Educación, porque hasta el momento no han cumplido con la sentencia que les ordena promover campañas educativas para dar a conocer en qué casos las mujeres pueden abortar.
El alto Tribunal advierte que los informes remitidos por los Ministerios y por la Defensoría, sobre las actuaciones que hasta el momento han desarrollado, no describen completamente la forma y el contenido de las campañas.
Según la Corporación, en las cuatro campañas de difusión que hasta el momento han diseñado los organismos responsables no se nota un trabajo coordinado entre las instituciones, con excepción de los ministerios.
En el caso de la Procuraduría, la Corte dice que no ha adelantado ni participado en ninguna actividad para cumplir con la orden de la sentencia que exige diseñar campañas de difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La Corte califica como una omisión inaceptable la falta de acatamiento de las órdenes, “a la luz del Estado Social de Derecho que proclama la Constitución, pues los funcionarios públicos deben cumplir con las sentencias”.
Finalmente los magistrados le reiteran a la Procuraduría que debe cumplir de inmediato la orden de diseñar y poner en movimiento las campañas educativas. Así mismo, también debe vigilar que las demás entidades comprometidas cumplan con sus obligaciones.